• Lo que denota falta de prolijidad de las autoridades de la DGA del gobierno anterior.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua,  dejando sin efecto la intervención de este río, la que se había declarado por resolución exenta 273, en febrero de este año. Demostrando su ilegalidad y falta de prolijidad de la Dirección General de Aguas.

Esta intervención ordenó que la primera sección,  cerrara sus compuertas por 36 horas semanales, para entregar agua río abajo. Provocando un alto costo social y económico a los más de 6.000 usuarios de esta Junta, quienes reciben menos agua de la que les corresponde, sin ninguna indemnización.

Sobre el recurso de protección de garantías constitucionales

La Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua interpuso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección de garantías constitucionales -ante la intervención del río Aconcagua- contra el ministerio de Obras Públicas, representado legalmente por: el ministro Alberto Undurraga, el director nacional de la DGA, Carlos Estévez y el interventor Andrés Quitral.Por vulnerar las siguientes garantías protegidas por la Constitución: derecho de propiedad, Igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria en el trato de los órganos de la Administración del Estado en materia económica.

 Costos sociales y económicos

A tres meses de ser intervenidos por el Estado, la entrega de agua ha sido de 23.5 millones de m3 y un costo económico equivalente a un 21,4% del patrimonio de los usuarios de agua de las comunas de Los Andes, San Esteban, Rinconada, Calle Larga, Santa María y San Felipe.